{"id":2716,"date":"2021-11-04T00:00:42","date_gmt":"2021-11-03T23:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ideolegal.com\/?p=2716"},"modified":"2022-01-24T12:25:57","modified_gmt":"2022-01-24T11:25:57","slug":"punto-final-a-la-plusvalia-municipal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ideolegal.com\/en\/punto-final-a-la-plusvalia-municipal\/","title":{"rendered":"Punto final a la plusval\u00eda municipal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\">Por Javier Mart\u00edn Fern\u00e1ndez<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Publicado en <a href=\"https:\/\/elderecho.com\/punto-y-final-a-la-plusvalia-municipal\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El Derecho-Lefebvre<\/a>, el 3 de noviembre de 2021<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La STC supone un aut\u00e9ntico punto final a este tributo municipal, ya que, de un lado, al afectar a su base imponible, elemento esencial del tributo, impide tanto su liquidaci\u00f3n como autoliquidaci\u00f3n. De otro, servir\u00e1 para dar carpetazo a los miles de recursos pendientes de resoluci\u00f3n, en v\u00eda administrativa como judicial.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La STC de 26 de octubre de 2021 parece que ha puesto fin a ese aut\u00e9ntico calvario en que se ha convertido, para Ayuntamientos y contribuyentes, la plusval\u00eda municipal (el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). En esta ocasi\u00f3n se declaran inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo p\u00e1rrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. Esta declaraci\u00f3n obedece a que contemplan un m\u00e9todo objetivo de determinaci\u00f3n de la base imponible que siempre produce un aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposici\u00f3n, con independencia de su propia existencia y cuant\u00eda real.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A su juicio, esta figura es ajena \u201c<em>a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis econ\u00f3mica y, por tanto, al margen de la capacidad econ\u00f3mica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad econ\u00f3mica como criterio de imposici\u00f3n (art. 31.1 CE)<\/em>\u201d (FJ 5\u00ba).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La STC supone un aut\u00e9ntico punto final a este tributo municipal, ya que, de un lado, al afectar a su base imponible, elemento esencial del tributo, impide tanto su liquidaci\u00f3n como autoliquidaci\u00f3n. De otro, servir\u00e1 para dar carpetazo a los miles de recursos pendientes de resoluci\u00f3n, en v\u00eda administrativa como judicial.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pese a que habr\u00e1 que analizar con detenimiento sus votos particulares, lo cierto es que el Tribunal parece que se desdice, en parte, de sus dos pronunciamientos anteriores de 2017 y 2019, pese a su cita reiterada, as\u00ed como corrige la interpretaci\u00f3n llevada a cabo del primero de ellos por el Tribunal Supremo y el resto de Tribunales de Justicia. Lo l\u00f3gico hubiera sido plantearse una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, resolviendo la controversia desde el principio, no mediante pronunciamientos tan apegados al caso concreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hemos de recordar que la STC de 2017 efectu\u00f3 una serie de precisiones sobre su alcance. En la misma se afirmaba que el impuesto \u201c<em>no es, con car\u00e1cter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuraci\u00f3n actual<\/em>\u201d. En definitiva, \u00fanicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributaci\u00f3n situaciones inexpresivas de capacidad econ\u00f3mica, las que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisi\u00f3n. Por su parte, en la de 2019 declar\u00f3 la improcedencia del pago cuando la cuota fuera superior al incremento efectivamente producido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad y nulidad de los citados preceptos supone la expulsi\u00f3n del tributo del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, dejando un vac\u00edo normativo sobre la determinaci\u00f3n de la base imponible que impide la liquidaci\u00f3n, comprobaci\u00f3n, recaudaci\u00f3n y revisi\u00f3n de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Por lo que debe de \u201c<em>ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuraci\u00f3n normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el r\u00e9gimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los <\/em><em>preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido m\u00e1s de cuatro a\u00f1os desde la publicaci\u00f3n de la STC 59\/2017 (\u201cBOE\u201d n\u00fam. 142, de 15 de junio). Como ya se record\u00f3 en la STC 126\/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una b\u00e1sica igualdad de posici\u00f3n de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233\/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonom\u00eda local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora bien, \u201c<em>no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resoluci\u00f3n administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendr\u00e1n tambi\u00e9n la consideraci\u00f3n de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificaci\u00f3n no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por tanto, cualquier recurso planteado con posterioridad a la fecha de la STC carece de efecto alguno. En suma, una <strong>aut\u00e9ntica tomadura de pelo<\/strong>, si me permiten la expresi\u00f3n tan castiza, pero fundada en los intereses p\u00fablicos en juego.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Recuperaci\u00f3n de plusval\u00edas y compensaci\u00f3n por impacto medioambiental<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin duda, urge que el Gobierno remita urgentemente a las Cortes un proyecto de ley (no utilizando la figura del Real Decreto-ley, ya que afecta al deber de contribuir) donde se reconfigure el tributo, figura cl\u00e1sica de la Hacienda Local espa\u00f1ola. Ello requiere integrar, en su fundamento, no solo la recuperaci\u00f3n de las plusval\u00edas que derivan de la acci\u00f3n urban\u00edstica, sino y tambi\u00e9n, la compensaci\u00f3n por el impacto medioambiental y el incremento de costes que la ampliaci\u00f3n de los n\u00facleos urbanos implica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La reforma debe partir de varias premisas. En primer lugar, clarificarse si se trata de establecer un gravamen a los propietarios de los inmuebles respecto de los cuales se ha dado un incremento en el precio del suelo, como resultado de acciones urban\u00edsticas que modifican su utilizaci\u00f3n\u00a0o incrementan su aprovechamiento. Y no cualquier incremento, porque, para ello, bastar\u00eda con establecer un recargo sobre el IRPF y\/o el Impuesto sobre Sociedades a favor de los Ayuntamientos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tal y como puse de relieve hace a\u00f1os, junto a la tambi\u00e9n catedr\u00e1tica de la disciplina, mi compa\u00f1era <strong>Ana M\u00aa Juan Lozano,<\/strong> su denominaci\u00f3n deber\u00eda pasar a ser la de \u201c<em>Impuesto sobre la participaci\u00f3n en la plusval\u00eda urban\u00edstica municipal<\/em>\u201d. En este sentido, gravar\u00eda el beneficio econ\u00f3mico derivado del incremento de aprovechamiento en la utilizaci\u00f3n del suelo, producido por las acciones urban\u00edsticas de regulaci\u00f3n y que son competencia de los Ayuntamientos, lo cual les da derecho a participar de este beneficio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En segundo lugar, su hecho imponible ser\u00eda el de un tributo directo que grava la participaci\u00f3n en este beneficio y con motivo de la transmisi\u00f3n de la propiedad de un terreno urbano, por cualquier t\u00edtulo, o de la constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre el mismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por \u00faltimo, su base imponible estar\u00eda constituida por la aplicaci\u00f3n, al valor catastral actual o al de \u201c<em>referencia<\/em>\u201d, introducido por la Ley de Prevenci\u00f3n del Fraude, de un porcentaje, a fijar por los Ayuntamientos dentro de los l\u00edmites m\u00e1ximos marcados por la ley, en funci\u00f3n del tiempo transcurrido y previa concurrencia de su hecho generador. Determinada la participaci\u00f3n en la plusval\u00eda generada por la acci\u00f3n urban\u00edstica, como objeto del impuesto, queda relegado ya el problema de la efectividad de la capacidad econ\u00f3mica gravada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La STC supone un aut\u00e9ntico punto final a este tributo municipal, ya que, de un lado, al afectar a su base imponible, elemento esencial del tributo, impide tanto su liquidaci\u00f3n como autoliquidaci\u00f3n. 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