{"id":2521,"date":"2020-08-18T16:46:52","date_gmt":"2020-08-18T15:46:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ideolegal.com\/?p=2521"},"modified":"2020-08-18T17:00:53","modified_gmt":"2020-08-18T16:00:53","slug":"el-derecho-a-la-devolucion-de-ingresos-tributarios-indebidos-y-su-plazo-de-prescripcion-a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-supremo-de-11-de-junio-de-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ideolegal.com\/en\/el-derecho-a-la-devolucion-de-ingresos-tributarios-indebidos-y-su-plazo-de-prescripcion-a-proposito-de-la-sentencia-del-tribunal-supremo-de-11-de-junio-de-2020\/","title":{"rendered":"El derecho a la devoluci\u00f3n de ingresos tributarios indebidos y su plazo de prescripci\u00f3n. A prop\u00f3sito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2020"},"content":{"rendered":"

\u00a0Javier Mart\u00edn \/ Jes\u00fas Rodr\u00edguez<\/strong><\/p>\n

Publicado en El Derecho-Lefevbre<\/a> el 10 de Agosto de 2020<\/p>\n

 <\/p>\n

1. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La prescripci\u00f3n es una instituci\u00f3n imprescindible para un sistema, como el espa\u00f1ol, que protege la seguridad jur\u00eddica. Se trata de una figura vinculada a la consolidaci\u00f3n de situaciones como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinci\u00f3n de una facultad prevista por el ordenamiento para el ejercicio en un plazo determinado, y que “se apoya en la necesidad de conceder una estabilidad a las situaciones jur\u00eddicas existentes dando, de esta manera, claridad al tr\u00e1fico jur\u00eddico<\/em>” (STS de 21 de diciembre de 1950).<\/p>\n

La prescripci\u00f3n tributaria es extintiva, de forma que el transcurso del plazo de cuatro a\u00f1os, extingue el derecho, tanto de la Administraci\u00f3n como de los obligados tributarios [art. 66 de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT)].<\/p>\n

El ordenamiento tributario espa\u00f1ol contempla la prescripci\u00f3n de determinados derechos por el transcurso del plazo de cuatro a\u00f1os (arts. 66, 67 y 68 de la LGT). En puridad, los derechos no prescriben, lo \u00fanico que se extingue son las obligaciones de las dos partes de la relaci\u00f3n jur\u00eddico tributaria (sujeto activo y obligado tributario), aunque dicha extinci\u00f3n se produce por la omisi\u00f3n del ejercicio de diferentes derechos, o m\u00e1s bien potestades (trat\u00e1ndose de la Administraci\u00f3n), en determinado plazo.<\/p>\n

El plazo para solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garant\u00edas, comienza a contarse desde el d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que:<\/p>\n

a) Finalice el plazo para solicitar la correspondiente devoluci\u00f3n derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el d\u00eda siguiente a aquel en que dicha devoluci\u00f3n pudo solicitarse.<\/p>\n

b) Se realiz\u00f3 el ingreso indebido o desde el d\u00eda siguiente a la finalizaci\u00f3n del plazo para presentar la autoliquidaci\u00f3n, si aquel se realiz\u00f3 dentro de dicho plazo.<\/p>\n

c) Adquiera firmeza la Sentencia o resoluci\u00f3n administrativa que declare, total o parcialmente, improcedente el acto impugnado.<\/p>\n

En el supuesto de tributos que graven una misma operaci\u00f3n y que sean incompatibles entre s\u00ed, el plazo de prescripci\u00f3n para solicitar la devoluci\u00f3n del ingreso indebido del tributo improcedente comienza a contarse desde la resoluci\u00f3n del \u00f3rgano espec\u00edficamente previsto para dirimir cu\u00e1l es el procedente (art. 66.1).<\/p>\n

Este plazo se interrumpe (art. 68.3):<\/p>\n

a) Por cualquier actuaci\u00f3n, fehaciente, del obligado tributario y que pretenda la devoluci\u00f3n, el reembolso o la rectificaci\u00f3n de su autoliquidaci\u00f3n.<\/p>\n

b) Por la interposici\u00f3n, tramitaci\u00f3n o resoluci\u00f3n de reclamaciones o recursos de cualquier clase.<\/p>\n

Por su parte, el plazo para obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garant\u00edas, comienza a contarse desde el d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el d\u00eda siguiente a la fecha de notificaci\u00f3n del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devoluci\u00f3n o el reembolso del coste de las garant\u00edas (art. 66.1).<\/p>\n

Este plazo se interrumpe (art. 68.4):<\/p>\n

a) Por cualquier acci\u00f3n administrativa dirigida a efectuar la devoluci\u00f3n o el reembolso.<\/p>\n

b) Por cualquier actuaci\u00f3n, fehaciente, del obligado tributario y por la que exija el pago de la devoluci\u00f3n o el reembolso.<\/p>\n

c) Por la interposici\u00f3n, tramitaci\u00f3n o resoluci\u00f3n de reclamaciones o recursos de cualquier clase.<\/p>\n

Producida la interrupci\u00f3n, se inicia, de nuevo, el c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n (art. 68.6). Interrumpido para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los dem\u00e1s, incluidos los responsables.<\/p>\n

La interrupci\u00f3n del plazo de prescripci\u00f3n del derecho de la Administraci\u00f3n para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n tributaria, determina, asimismo, tanto la de ese mismo derecho como del de solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o de ingresos indebidos, relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado. Ahora bien, siempre que, en estas, se produzca, o haya de producirse, una tributaci\u00f3n distinta como consecuencia de la aplicaci\u00f3n, ya sea por la Administraci\u00f3n o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularizaci\u00f3n de la primera (art. 68.9 de la LGT).<\/p>\n

La prescripci\u00f3n ganada se aplica de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario (art. 69.2).<\/p>\n

Pues bien, todos estos preceptos, en particular el art. 66.c) de la LGT, han sido reinterpretados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2020, introduciendo sin remilgos, lo cual es de agradecer, la doctrina de la actio nata<\/em> y la necesidad de llevar a cabo una regularizaci\u00f3n \u00edntegra.<\/p>\n

2. El nuevo criterio jurisprudencial<\/strong><\/p>\n

El nuevo criterio jurisprudencial est\u00e1 plasmado en su Fundamento Jur\u00eddico 3\u00ba. Para comprobar su relevancia es preciso comprender la realidad f\u00e1ctica planteada en el caso de Autos:<\/p>\n

a) La sociedad A autoliquida su Impuesto sobre Sociedades declarando como ingresos unas comisiones abonadas por la sociedad B.<\/p>\n

b) La sociedad B es sometida a una inspecci\u00f3n que concluye con una liquidaci\u00f3n que se\u00f1ala que aquellas comisiones no son gastos deducibles por constituir, en realidad, una retribuci\u00f3n por la participaci\u00f3n en capitales propios.<\/p>\n

c) Cuando esta liquidaci\u00f3n gana firmeza, la sociedad A solicita la devoluci\u00f3n, como ingresos indebidos, del importe de las comisiones que contempl\u00f3 como ingresos en su autoliquidaci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades.<\/p>\n

d) Esa petici\u00f3n se efect\u00faa transcurridos m\u00e1s de cuatro a\u00f1os desde el d\u00eda siguiente a la finalizaci\u00f3n del plazo para presentar la autoliquidaci\u00f3n por dicho tributo y ejercicio.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>e) La Administraci\u00f3n \u201cno comprob\u00f3\u201d <\/em>la situaci\u00f3n jur\u00eddica tributaria de la sociedad A en relaci\u00f3n con aquel tributo y per\u00edodo, a pesar de \u201ccomprobar y regularizar\u201d <\/em>a la sociedad B, determinando que su \u201cgasto por comisiones\u201d <\/em>(correlacionado con el ingreso por el mismo concepto) no ten\u00eda la condici\u00f3n de deducible por no constituir tal gasto.<\/p>\n

f) No consta que la sociedad A tuviera conocimiento de aquella decisi\u00f3n administrativa hasta que la misma fue confirmada por el Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo de la Comunidad Valenciana.<\/p>\n

Para el Tribunal Supremo \u201cla estimaci\u00f3n del recurso es la soluci\u00f3n que mejor se atempera a la doctrina de la <\/em>actio nata<\/em>, a los principios que inspiran la justicia administrativa, al principio de buena administraci\u00f3n y a la proscripci\u00f3n del enriquecimiento injusto<\/em>\u201d. En efecto:<\/p>\n

a) El contribuyente solo sabe que el ingreso incluido en su autoliquidaci\u00f3n es indebido cuando la Administraci\u00f3n califica el gasto de otro obligado tributario como no deducible.<\/p>\n

En otras palabras, el ingreso \u201cresulta <\/em>sobrevenidamente <\/em>indebido cuando constata que la Inspecci\u00f3n de los Tributos lo ha calificado -en relaci\u00f3n con quien le efectu\u00f3 el pago- de forma distinta<\/em>\u201d.<\/p>\n

Por tanto y aunque el dies a quo <\/em>del plazo de prescripci\u00f3n de la solicitud de devoluci\u00f3n se sit\u00faa, con car\u00e1cter general, pues sanciona la inactividad del contribuyente, en la fecha en que se realiz\u00f3 el ingreso, seg\u00fan el art. 66.c) de la LGT, \u201cno podemos olvidar que ese mismo precepto sit\u00faa dicha fecha de arranque -tambi\u00e9n- en “(…) el d\u00eda siguiente a aquel en que dicha devoluci\u00f3n pudo solicitarse<\/em>“.<\/p>\n

Ahora bien, la regla general \u201cno resulta aplicable cuando el nacimiento del derecho (esto es, la constataci\u00f3n del car\u00e1cter indebido del ingreso en cuesti\u00f3n) no depende del contribuyente, sino de la Administraci\u00f3n, que est\u00e1 regularizando a otro obligado tributario y que, como consecuencia de su actividad de comprobaci\u00f3n respecto del mismo, termina emitiendo una declaraci\u00f3n que comporta que el ingreso del primer interesado sea indebido<\/em>\u201d.<\/p>\n

Fundamenta esta conclusi\u00f3n en su doctrina sobre el principio de buena administraci\u00f3n. Este \u201cordena a los responsables de gestionar el sistema impositivo, a la propia Administraci\u00f3n Tributaria, observar el deber de cuidado y la debida diligencia para su efectividad y la de garantizar la protecci\u00f3n jur\u00eddica que haga inviable el enriquecimiento injusto<\/em>\u201d.<\/p>\n

De conformidad con lo anterior, la segunda cuesti\u00f3n que contemplaba el Auto de admisi\u00f3n, la aptitud para interrumpir el plazo de prescripci\u00f3n de las reclamaciones efectuadas por otro contribuyente, resulta irrelevante pues lo esencial es \u201cla fijaci\u00f3n del <\/em>dies a quo <\/em>\u2013a tenor de la doctrina de la <\/em>actio nata<\/em>– en un momento distinto y posterior a aqu\u00e9l en el que se efectu\u00f3 el ingreso<\/em>\u201d.<\/p>\n

En definitiva, enlaza el principio de buena administraci\u00f3n con el de regularizaci\u00f3n \u00edntegra y aunque afecte a dos contribuyentes distintos. De aqu\u00ed que concluya \u201cque el ingreso solo es indebido cuando el contribuyente afectado conoce el contenido de una regularizaci\u00f3n (a otro) que no la ha sido trasladada a \u00e9l mismo, como el principio de buena administraci\u00f3n exig\u00eda<\/em>\u201d.<\/p>\n

En nuestra opini\u00f3n, la relevancia del fallo trasciende al caso concreto por varias razones. En primer lugar, sit\u00faa el dies a quo<\/em>del plazo de prescripci\u00f3n de la solicitud de ingresos tributarios indebidos en \u201cel d\u00eda siguiente a aquel en que dicha devoluci\u00f3n pudo solicitarse<\/em>“. Esta previsi\u00f3n figura en el art. 66.c) de la LGT, pero no hab\u00eda sido interpretada de este modo hasta la fecha.<\/p>\n

En segundo lugar, acude, sin matices, a la doctrina de la actio nata<\/em>, poniendo en relaci\u00f3n este precepto con el art. 1969 del C\u00f3digo Civil, aunque sin citarlo expresamente, a cuyo tenor, el tiempo para la prescripci\u00f3n de las acciones, cuando no haya disposici\u00f3n especial que otra cosa determine, \u201cse contar\u00e1 desde el d\u00eda en que pudieron ejercitarse<\/em>\u201d.<\/p>\n

En tercer lugar, la devoluci\u00f3n puede instarse sin seguir ning\u00fan procedimiento especial de revisi\u00f3n, \u00fanicamente la mera solicitud.<\/p>\n

Por \u00faltimo, consagra el principio de regularizaci\u00f3n \u00edntegra, pese a que la actuaci\u00f3n administrativa afecte a contribuyentes distintos.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La prescripci\u00f3n es una instituci\u00f3n imprescindible para un sistema, como el espa\u00f1ol, que protege la seguridad jur\u00eddica. Se trata de una figura vinculada a la consolidaci\u00f3n de situaciones como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinci\u00f3n de una facultad prevista por el ordenamiento para el ejercicio en un plazo determinado, y que “se apoya en la necesidad de conceder una estabilidad a las situaciones jur\u00eddicas existentes dando, de esta manera, claridad al tr\u00e1fico jur\u00eddico” (STS de 21 de diciembre de 1950).<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2060,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-2521","post","type-post","status-publish","format-gallery","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-tributario","post_format-post-format-gallery"],"yoast_head":"\nEl derecho a la devoluci\u00f3n de ingresos tributarios indebidos y su plazo de prescripci\u00f3n. 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