{"id":247,"date":"2018-05-16T12:00:15","date_gmt":"2018-05-16T10:00:15","guid":{"rendered":"http:\/\/law-firm.omnicom-dev.com\/main-demo\/?p=247"},"modified":"2019-02-27T15:02:20","modified_gmt":"2019-02-27T13:02:20","slug":"las-incertidumbres-del-delito-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ideolegal.com\/en\/las-incertidumbres-del-delito-fiscal\/","title":{"rendered":"Las incertidumbres del delito fiscal"},"content":{"rendered":"

Ana M\u00aa Juan Lozano<\/strong><\/p>\n

Javier Mart\u00edn Fern\u00e1ndez<\/strong><\/p>\n

Publicado en Cinco D\u00edas<\/em> el 16 de mayo de 2.018<\/p>\n

 <\/p>\n

Las incertidumbres en la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica son continuas, y pueden presumirse variadas hasta que el Tribunal Supremo fije criterios definitivos respecto a los interrogantes que plantea la eficacia temporal de las sucesivas modificaciones introducidas en 2010, 2012 y 2015 en el C\u00f3digo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Tributaria. Resulta evidente que todas ellas se han realizado atendiendo a una mejor protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico, concretado, por un lado, en el cr\u00e9dito p\u00fablico que surge de los incumplimientos tributarios, y, por otro, en la necesidad de que sean efectivas las respuestas punitivas para sancionar los incumplimientos que alcanzan la categor\u00eda de defraudaciones m\u00e1s graves. En definitiva, que, parad\u00f3jicamente, no resulte mejor tratado el incumplidor delincuente que el contribuyente que incurre \u00fanicamente en infracciones administrativas. De ello nadie duda, y puede afirmarse que, en esta finalidad y objetivos, todos coincidimos.<\/p>\n

Los problemas surgen porque, asumiendo y compartiendo esta premisa esencial, las modificaciones deben seguir una l\u00f3gica en cuanto a su aplicaci\u00f3n que se corresponda con los criterios que determinan la eficacia temporal de las normas en nuestro sistema jur\u00eddico. Trat\u00e1ndose de delitos contra la Hacienda P\u00fablica, no puede olvidarse que nos ubicamos en el \u00e1mbito del ius puniendi<\/em> sobre el que se proyectan los principios establecidos en el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Dicho muy sint\u00e9ticamente, este conjunto de modificaciones normativas \u2013 no todas ellas realizadas por referencia exclusiva a los delitos contra la Hacienda P\u00fablica- han afectado a muchas cuestiones, entre las que destaca la llevada a cabo, en 2010, respecto de la interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n penal tras la presentaci\u00f3n de denuncia o querella (no limitada a los delitos contra la Hacienda P\u00fablica) y para evitar que prescribieran los delitos por paralizaci\u00f3n judicial. Pero esta no es la \u00fanica modificaci\u00f3n, muchos otros aspectos se han visto afectados. La determinaci\u00f3n de la frontera entre lo sustantivo y lo procesal en esta materia resulta todav\u00eda incierta. De concluirse, en cada caso, que se trata de una cuesti\u00f3n sustantiva debe resolverse si el cambio normativo resulta m\u00e1s favorable o no, restrictivo de derechos o no, para el presunto infractor, de conformidad con el citado precepto constitucional.<\/p>\n

De esta cuesti\u00f3n se ocupa la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2018, que resuelve un recurso de casaci\u00f3n, interpuesto por la Abogac\u00eda del Estado, contra un Auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid. La Abogac\u00eda del Estado, representando a la Administraci\u00f3n Tributaria, sosten\u00eda que la redacci\u00f3n del art. 132.2 del C\u00f3digo Penal no supone una nueva regulaci\u00f3n de la instituci\u00f3n de la prescripci\u00f3n penal que retroactivamente perjudique la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los imputados. Por tanto, las nuevas causas de interrupci\u00f3n son aplicables a partir de la entrada en vigor de la modificaci\u00f3n. El Ministerio Fiscal, reconociendo la naturaleza sustantiva del instituto de la prescripci\u00f3n, consider\u00f3 que estamos ante una cuesti\u00f3n estrictamente procesal y, por tanto, tambi\u00e9n sosten\u00eda su eficacia temporal desconectada del momento de consumaci\u00f3n del delito (que era anterior en este caso a la entrada en vigor de la modificaci\u00f3n).<\/p>\n

Frente a ello, el Tribunal Supremo afirma, rotundamente, la naturaleza sustantiva de la prescripci\u00f3n penal, y remite a los criterios determinantes de la eficacia temporal de las normas penales, con una fundamentaci\u00f3n que conviene tener presente: \u201csi la norma que fija cuanto tiempo ha de transcurrir para que se declare extinguida por prescripci\u00f3n la responsabilidad penal derivada de un delito es la vigente al tiempo de su comisi\u00f3n, la norma que determina como se computa, o deja de computar el transcurso de ese periodo de tiempo tambi\u00e9n tiene que ser la vigente al tiempo de los hechos\u201d.<\/em><\/p>\n

Las dudas que ha planteado la calificaci\u00f3n, como sustantiva o procesal, de esta cuesti\u00f3n, se trasladan, mutatis mutandi<\/em>, al resto de reformas posteriores operadas en el C\u00f3digo Penal: extensi\u00f3n de la responsabilidad penal a la persona jur\u00eddica, desplazamiento hacia la AEAT de las competencias y facultades para la adopci\u00f3n de medidas cautelares, conversi\u00f3n de la responsabilidad civil derivada del delito en deuda tributaria a efectos recaudatorios, coexistencia de actuaciones administrativas y penales, no suspensi\u00f3n de las acciones de cobro y responsables tributarios<\/p>\n

Pues bien, las modificaciones introducidas en la Ley General Tributaria y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han sido tratadas como normas procesales, a los efectos determinar su eficacia temporal, y as\u00ed lo viene entendiendo la Administraci\u00f3n Tributaria. Pero no debe olvidarse que todas ellas obedecen a la operada en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo Penal por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, con entrada en vigor el 17 de enero de 2013.<\/p>\n

No parece sencillo afirmar, rotundamente, que todas estas cuestiones son exclusivamente procesales, pues, tal y como concluye el Tribunal Supremo, una \u201ccosa es la naturaleza de aquel presupuesto y otra la del contenido de la norma que anuda al mismo un efecto<\/em>\u201d. Por tanto y si son sustantivas, habr\u00e1 que acudir a la normativa vigente en el momento de comisi\u00f3n de los hechos. De aqu\u00ed que cuanto antes se clarifique esta interrogante, antes se evitar\u00e1 el riesgo de incurrir en nulidad de actuaciones por infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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