{"id":244,"date":"2018-02-08T12:00:04","date_gmt":"2018-02-08T10:00:04","guid":{"rendered":"http:\/\/law-firm.omnicom-dev.com\/main-demo\/?p=244"},"modified":"2019-02-27T15:02:04","modified_gmt":"2019-02-27T13:02:04","slug":"el-derecho-al-error-en-las-relaciones-con-las-administraciones-tributarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ideolegal.com\/en\/el-derecho-al-error-en-las-relaciones-con-las-administraciones-tributarias\/","title":{"rendered":"El derecho al error en las relaciones con las Administraciones tributarias"},"content":{"rendered":"

Javier Mart\u00edn Fern\u00e1ndez<\/strong><\/p>\n

Publicado en Cinco D\u00edas<\/em> el 8 de febrero de 2018<\/p>\n

 <\/p>\n

La Asamblea francesa est\u00e1 debatiendo un proyecto de Ley sobre \u201cUn Estado al servicio de una sociedad de confianza<\/em>\u201d. El mismo, seg\u00fan G\u00e9rald Darmanin, Ministro de Acci\u00f3n y Cuentas P\u00fablicas, parte de dos pilares fundamentales. De un lado, la introducci\u00f3n de un derecho a cometer errores para todos, con el objetivo de transitar hacia una Administraci\u00f3n de consejo y servicio. De otro, la simplificaci\u00f3n, en profundidad, de los procedimientos, corrigiendo el celo regulador que, como cualquier exceso, es da\u00f1ino, impulsando, a su vez, mecanismos de control de la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n

Resulta muy relevante que no se trata de un marco conceptual restringido a la materia tributaria, incorpor\u00e1ndolo en un modelo general, redefinido, de actuaci\u00f3n y servicio p\u00fablico. Resulta sobradamente conocido el debate y los problemas que la especialidad de lo tributario ha generado en Espa\u00f1a en las \u00faltimas d\u00e9cadas. Tambi\u00e9n lo es que el objetivo subyacente es la identificaci\u00f3n de los ciudadanos con el sistema tributario mediante el que contribuyen a las cargas p\u00fablicas, as\u00ed como la legitimidad que atribuyan a la actuaci\u00f3n de sus Administraciones. Si los ciclos desfavorables evidencian todas las tensiones, es la recuperaci\u00f3n el contexto favorable para intentar corregirlas.<\/p>\n

Varios aspectos destacan de ese marco general, en curso en el pa\u00eds vecino, por lo que afecta al \u00e1mbito tributario. De un lado, la incorporaci\u00f3n del derecho a la fijaci\u00f3n definitiva de la posici\u00f3n administrativa, como integrante del modelo de cumplimiento cooperativo. De otro, la utilizaci\u00f3n, sin complejos, de algo ajeno a nuestra pr\u00e1ctica normativa habitual: la introducci\u00f3n de medidas con car\u00e1cter experimental, sujetas a evaluaci\u00f3n de resultados y control posterior.<\/p>\n

Por lo que respecta al \u201cderecho al error<\/em>\u201d, la idea es que, ante todo, obedece a un principio de sentido com\u00fan. En definitiva, la posibilidad de que cada franc\u00e9s se equivoque, en sus declaraciones tributarias, sin arriesgarse a una sanci\u00f3n desde la primera violaci\u00f3n. Por tanto, debe poder rectificar, espont\u00e1neamente o durante un control, cuando su error se ha llevado a cabo de buena fe. Para ello, se revierte la carga de la prueba, correspondiendo a la Administraci\u00f3n demostrar la mala fe del contribuyente. Ahora bien, no resulta aplicable a reincidentes o defraudadores, ni como un derecho a incumplir obligaciones tributarias de forma tard\u00eda.<\/p>\n

El derecho al error implica un profundo cambio en la relaci\u00f3n que vincula a la Administraci\u00f3n francesa y los ciudadanos, tanto en las pr\u00e1cticas a seguir como de filosof\u00eda, en torno a un valor clave: la confianza. Es preciso que la Administraci\u00f3n asesore antes de sancionar; apoye y libere, en lugar de prevenir, y simplifique, en lugar de complicar. A su vez, su configuraci\u00f3n t\u00e9cnica permite algo a lo que nuestro sistema permanece impermeable: una relativa distinci\u00f3n de los contribuyentes en funci\u00f3n de su \u201chistorial<\/em>\u201d tributario.<\/p>\n

El modelo franc\u00e9s ha de hacernos reflexionar en nuestro pa\u00eds. Son muchas las voces que, desde diversos \u00e1ngulos (Universidad, Tribunales y la propia Administraci\u00f3n), reconocen la necesidad de poner freno a las consecuencias negativas que derivan de la automaticidad de nuestro r\u00e9gimen sancionador, pese a que no sea as\u00ed en el plano de los principios aplicables. Hemos de recordar, de un lado, que la infracci\u00f3n es la realizaci\u00f3n voluntaria de una lesi\u00f3n o puesta en peligro de un bien jur\u00eddico protegido. Adem\u00e1s, ha de realizarse con dolo o culpa y ello produce, como efecto, la exclusi\u00f3n de la responsabilidad objetiva.<\/p>\n

De otro, las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no dan lugar a responsabilidad por infracci\u00f3n tributaria cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento coloca a los contribuyentes en el papel de primeros aplicadores del Derecho, oblig\u00e1ndoles, en la mayor\u00eda de las ocasiones, a realizar una interpretaci\u00f3n de la finalidad pretendida por la norma y que puede ser distinta de la que realiza la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

Para evitar esta consecuencia, la Ley General Tributaria especifica algunos casos en los que se entiende que el obligado tributario act\u00faa en cumplimiento de las obligaciones que le han sido impuestas. Ello concurre cuando haya actuado ampar\u00e1ndose en una interpretaci\u00f3n razonable de la norma, pero comete un \u201cerror de derecho<\/em>\u201d. Su regulaci\u00f3n anterior exig\u00eda, del obligado, la presentaci\u00f3n de \u201cuna declaraci\u00f3n veraz y completa y \u2026 practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidaci\u00f3n, ampar\u00e1ndose en una interpretaci\u00f3n razonable de la norma\u201d. <\/em>A estos requisitos no alude la actual Ley General Tributaria, aunque vienen siendo exigidos, reiteradamente, por la jurisprudencia. En todo caso ha de ser la Administraci\u00f3n quien justifique y motive que, los criterios hermen\u00e9uticos a los que lleg\u00f3 el obligado tributario, no estaban justificados y amparados por la norma aplicable (por todas, la STS de 28 de enero de 2013).<\/p>\n

Sin embargo y que como hemos expuesto, ello es as\u00ed en el plano de los principios, pero no en la pr\u00e1ctica diaria. La generalizaci\u00f3n del sistema de autoliquidaciones hace que cualquier falta de ingreso sea sancionada y ello con independencia del historial del contribuyente. Adem\u00e1s, tanto los Tribunales Econ\u00f3mico-Administrativos como los de Justicia, han pasado de estimar la mayor\u00eda de recursos contra la imposici\u00f3n de sanciones a rechazarlos, con el argumento de que el contribuyente no ha demostrado que actu\u00f3 de buena fe. Tambi\u00e9n hemos de recordar que las reducciones de las sanciones por conformidad, actualmente previstas, no son aptas para conseguir todas las distinciones necesarias.<\/p>\n

Por tanto y en la era de las buenas pr\u00e1cticas tributarias, hemos de aprender del modelo franc\u00e9s. Sirvan para ello varios ejemplos. En primer lugar, la buena fe, como principio que introdujo en nuestro ordenamiento la Ley de Derechos y Garant\u00edas de los Contribuyentes, ha de primar ante un primer error. En segundo lugar, no pueden ser sancionadas meras consignaciones de datos en las autoliquidaciones que no producen una menor tributaci\u00f3n (bases imponibles negativas no compensadas). Por \u00faltimo, el historial del contribuyente debe tenerse en cuenta para modular la sanci\u00f3n. Sin duda, este debe ser el camino a seguir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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