{"id":2405,"date":"2019-10-19T12:30:44","date_gmt":"2019-10-19T11:30:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ideolegal.com\/?p=2405"},"modified":"2020-02-18T12:55:24","modified_gmt":"2020-02-18T11:55:24","slug":"un-paso-adelante-en-el-compliance-la-ue-obliga-a-las-empresas-a-crear-cauces-para-denunciar-infracciones-de-derecho-comunitario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ideolegal.com\/en\/un-paso-adelante-en-el-compliance-la-ue-obliga-a-las-empresas-a-crear-cauces-para-denunciar-infracciones-de-derecho-comunitario\/","title":{"rendered":"Un paso adelante en el \u2018compliance\u2019. La UE obliga a las empresas a crear cauces para denunciar infracciones de derecho comunitario"},"content":{"rendered":"

Javier Mart\u00edn Fern\u00e1ndez\u00a0<\/strong><\/p>\n

Publicado en Cinco D\u00edas el \u00a018 de octubre de 2019<\/em><\/p>\n

El Consejo de Ministros de la Uni\u00f3n Europea (UE) ha aprobado, el pasado 7 de octubre, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE, debiendo de transponerla los Estados miembros antes del 15 de mayo de 2021.<\/p>\n

Esta directiva obliga, de un lado, a las empresas, privadas y p\u00fablicas, a establecer cauces internos de denuncias sobre infracciones del Derecho de la UE. De otro, a los Estados miembros para designar una autoridad competente en esta materia, crear cauces externos de denuncias, as\u00ed como establecer medidas de protecci\u00f3n para los que las lleven a cabo (whistleblowers).<\/p>\n

Las infracciones que contempla la norma comunitaria afectan a un amplio n\u00famero de materias, donde pueden destacarse, la contrataci\u00f3n p\u00fablica, los servicios financieros, la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, la seguridad de productos y transporte, la protecci\u00f3n del medio ambiente, la salud p\u00fablica, la protecci\u00f3n de los consumidores y de los datos personales y de la intimidad, la libre competencia, el fraude, as\u00ed como el mercado interior, respecto al Impuesto sobre Sociedades.<\/div>\n
\n

La directiva protege a los denunciantes, empleados en los sectores p\u00fablico o privado, que hayan tenido conocimiento de infracciones en un contexto laboral, ya sean trabajadores por cuenta propia o ajena, accionistas, miembros del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, voluntarios, trabajadores en pr\u00e1cticas no remuneradas, cualquier persona que trabaje bajo la supervisi\u00f3n o direcci\u00f3n de contratistas subcontratistas y proveedores, as\u00ed como aquellos cuya relaci\u00f3n laboral a\u00fan no haya comenzado cuando la infracci\u00f3n se haya cometido durante el proceso de selecci\u00f3n.<\/p>\n

Entre las entidades obligadas del sector privado se encuentran las que cumplan una de las siguientes condiciones: cuenten con 50 o m\u00e1s empleados; su volumen de negocios sea, igual o superior, a 10 millones de euros; y, cualquiera que sea su tama\u00f1o, cuando operen en el \u00e1mbito de los servicios financieros o sean vulnerables al blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo. Ahora bien, los Estados miembros podr\u00e1n aplicar la Directiva a otras empresas (pymes) en funci\u00f3n de su actividad y nivel de riesgo. Tambi\u00e9n se encuentran obligadas las Administraciones del Estado, regional y provincial; los Municipios de m\u00e1s de 10.000 habitantes y otras entidades de Derecho p\u00fablico.<\/p>\n

Se establecen dos tipos de denuncias: la internas y las externas. Respecto de las primeras, las entidades, sean p\u00fablicas o privadas, deben crear cauces para recibirlas, garantizando la confidencialidad de la identidad del informante e impidiendo el acceso al personal no autorizado; designar la persona o el servicio competente para tramitarlas (compliance officer), as\u00ed como hacerlo diligentemente, comunicando al denunciante el curso de la denuncia en un plazo no superior a 3 meses.<\/p>\n

Por lo que se refiere a las externas, los Estados miembros han de designar a las autoridades competentes encargadas de recibirlas y tramitarlas. Estas deben, entre otras cuestiones, establecer cauces externos de denuncia independientes, aut\u00f3nomos, seguros y confidenciales; comunicar al denunciante tanto el curso de la denuncia en un plazo no superior a 3 meses o de 6 en casos justificados, como el resultado final de la investigaci\u00f3n y transmitir la informaci\u00f3n a los \u00f3rganos u organismos competentes de la UE para que sigan investigando, cuando est\u00e9 previsto por el Derecho nacional o comunitario.<\/p>\n

Los cauces para recibir todas ellas pueden consistir en un canal de denuncias (por tanto, escritas en formato electr\u00f3nico); en papel; orales o por v\u00eda telef\u00f3nica, grabadas o no grabadas y reuniones presenciales con el compliance officer o con el personal especifico de la autoridad competente. Quedan prohibidas las represalias contra el denunciante, tales como la suspensi\u00f3n, despido, destituci\u00f3n o medidas equivalentes; la degradaci\u00f3n o denegaci\u00f3n de ascensos; los cambios de puesto, ubicaci\u00f3n u horario de trabajo; as\u00ed como la reducci\u00f3n salarial. Adem\u00e1s y para evitar estas represalias, la Directiva exige que se dote a los denunciantes de informaci\u00f3n publica y asesoramiento, de car\u00e1cter general y gratuito, sobre los procedimientos y recursos disponibles para la protecci\u00f3n contra ellas o el acceso a asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes.<\/p>\n

Los Estados miembros han de establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, para aquellos que impidan o dificulten la presentaci\u00f3n de denuncias; adopten medidas de represalia contra los informantes; promuevan procedimientos temerarios contra ellos o incumplan el deber de mantener la confidencialidad de su identidad o presenten denuncias con revelaciones maliciosas o abusivas. Tal y como puede comprobarse esta norma comunitaria se encuentra en la senda del compliance. Ahora bien, ya no se trata, como ocurre con las previsiones del art. 31.bis del C\u00f3digo Penal, ante el establecimiento, con car\u00e1cter voluntario, de un sistema de gesti\u00f3n de riesgos que tiene como consecuencia la exenci\u00f3n de responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, sino de una norma cuyo incumplimiento lleva aparejado un r\u00e9gimen sancionador.<\/p>\n

Nos queda esperar a la transposici\u00f3n de la Directiva y no nos extra\u00f1a que se extienda a infracciones de nuestro Derecho interno. Con independencia de que ello sea as\u00ed, las organizaciones que dispongan de un compliance penal y tributario y, por tanto, tengan establecido un canal de denuncias, habr\u00e1n de ampliarlo a las previsiones de la directiva.<\/p>\n

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