{"id":2373,"date":"2019-12-11T11:43:34","date_gmt":"2019-12-11T09:43:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ideolegal.com\/?p=2373"},"modified":"2019-03-05T11:45:45","modified_gmt":"2019-03-05T09:45:45","slug":"la-futura-norma-une-19602-compliance-tributario-en-fase-de-informacion-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ideolegal.com\/en\/la-futura-norma-une-19602-compliance-tributario-en-fase-de-informacion-publica\/","title":{"rendered":"La futura Norma Une: 19602. \u201cCompliance tributario\u201d en fase de informaci\u00f3n p\u00fablica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\"><strong>Javier Mart\u00edn<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Publicado en <em>El Derecho Lefebvre <\/em>el 11 de diciembre de 2018<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Planteamiento<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El <em>BOE<\/em> de 7 de diciembre de 2018 ha publicado la Resoluci\u00f3n de 3 de diciembre de 2018, de la Direcci\u00f3n General de Industria y de la Peque\u00f1a y Mediana Empresa, por la que se somete a informaci\u00f3n p\u00fablica y por un plazo de cuarenta d\u00edas, entre otros proyectos de normas en tramitaci\u00f3n, la \u201c<em><a href=\"https:\/\/elderecho.com\/compliance-tributario-entra-fase-informacion-publica\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">19602: Sistemas de gesti\u00f3n de compliance tributario. Requisitos con orientaci\u00f3n para su uso<\/a>\u201d<\/em> (disponible en <a href=\"https:\/\/srp.une.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/srp.une.org<\/a>\/).<\/p>\n<p>Se trata de un est\u00e1ndar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los <strong>riesgos tributarios<\/strong>. En definitiva, es la respuesta de la sociedad civil para avanzar en la relaci\u00f3n cooperativa en materia tributaria, implantada hace a\u00f1os en pa\u00edses de nuestro econ\u00f3mico.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>La relaci\u00f3n cooperativa y las buenas practicas tributarias<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La relaci\u00f3n cooperativa instaura un nuevo marco en las relaciones entre la Administraci\u00f3n y los obligados tributarios. En la experiencia comparada se ha planteado como un paradigma aplicable \u00fanicamente a las grandes empresas. Ello es l\u00f3gico, por varias razones. De un lado, ya que estas \u00faltimas son las que aportan \u2013tambi\u00e9n en nuestro pa\u00eds- la mayor parte de la recaudaci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades. De otro, su dimensi\u00f3n y presencia multinacional dificulta la comprensi\u00f3n de sus modelos de negocio y determina la ineficacia de los sistemas tradicionales de control e inspecci\u00f3n.<\/p>\n<p>Sin embargo, este modelo relacional debe extenderse a la totalidad de obligados tributarios, con las oportunas matizaciones, claro est\u00e1. Ello lo demanda tanto el principio de buena Administraci\u00f3n, como la necesidad de reducir la litigiosidad e incrementar la <strong>seguridad jur\u00eddica<\/strong>.<\/p>\n<p>La construcci\u00f3n de la relaci\u00f3n cooperativa, partiendo de las distintas experiencias estatales, se inicia con una serie de trabajos de colaboraci\u00f3n internacional, fundamentalmente impulsados con la Declaraci\u00f3n de Se\u00fal de 2006 del Foro de Administraci\u00f3n Tributaria (<em>Forum of Tax Administration<\/em>) de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico y el Seminario de Boston de la Asociaci\u00f3n Fiscal Internacional (<em>International Fiscal Association<\/em>) de 2012. Inicialmente se utiliz\u00f3 la expresi\u00f3n \u201c<em>relaciones reforzadas<\/em>\u201d, sustituy\u00e9ndose, posteriormente, por la de \u201c<em>relaciones o cumplimiento cooperativo\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Estos t\u00e9rminos se refieren a determinadas estrategias que distintas Administraciones tributarias \u2013en especial, la australiana, brit\u00e1nica \u00a0y holandesa\u2013 han llevado a cabo en la ordenaci\u00f3n y gesti\u00f3n de sus relaciones con las grandes empresas, en aras de obtener de ellas una actitud m\u00e1s cooperativa, disminuir la litigiosidad e incrementar la recaudaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Incide en todas las fases que escalonan el dise\u00f1o y aplicaci\u00f3n del Sistema tributario, tanto desde el lado de la Administraci\u00f3n como de los obligados tributarios y los \u201c<em>intermediarios fiscales<\/em>\u201d (donde se incluyen, entre otros, los asesores fiscales en Espa\u00f1a) y con el objetivo de primar la cooperaci\u00f3n frente a la confrontaci\u00f3n. Como es l\u00f3gico se complementa con otras actuaciones, entre las que destacan las incluidas en el plan de acci\u00f3n contra la erosi\u00f3n de la base imponible y el traslado de beneficios [<em>base erosion and profit shifting<\/em> (<em>BEPS<\/em>)].<\/p>\n<p>A nivel comunitario, tales medidas se han incorporado, principalmente, a trav\u00e9s de la Directiva 2016\/1164\/CE del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las pr\u00e1cticas de elusi\u00f3n fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.<\/p>\n<p>La Uni\u00f3n Europea ha puesto en marcha iniciativas tendentes a fomentar la <strong>relaci\u00f3n cooperativa en materia tributaria<\/strong>. En primer lugar, la Comisi\u00f3n hizo p\u00fablicas, a finales de 2016, unas orientaciones para un <strong>C\u00f3digo del Contribuyente Europeo<\/strong> (en adelante, CCE) y cuyo contenido esencial ya est\u00e1 presente en la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) y su desarrollo reglamentario. El mismo recopila los principales derechos y obligaciones que regulan las relaciones entre los contribuyentes, entendido el t\u00e9rmino en un sentido amplio, y las Administraciones tributarias en Europa. Es un modelo de conducta al que los Estados miembros pueden a\u00f1adir elementos o adaptarlo para satisfacer las necesidades o los contextos nacionales y que debe revisarse con regularidad. Por tanto, no es de estricto cumplimiento, pues carece de efectos vinculantes, al menos en su primera etapa de implantaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Presenta, como finalidad, garantizar una mayor transparencia en relaci\u00f3n con los derechos y las obligaciones de ambas partes, as\u00ed como promover que las Administraciones adopten un enfoque m\u00e1s orientado a los servicios.<\/p>\n<p>Para la Comisi\u00f3n, el CCE puede ofrecer beneficios a largo plazo por varios motivos. Primero, aumenta la transparencia y facilita la comprensi\u00f3n de los derechos y las obligaciones. Segundo, fomenta la equidad, la eficacia, la seguridad, el respeto y la responsabilidad en las relaciones entre los contribuyentes y las Administraciones. Tercero, incrementa el cumplimiento y previene y reduce los conflictos y los riesgos tributarios. Finalmente, se convierte en un posible referente para los Estados miembros.<\/p>\n<p>En segundo lugar, el 5 de junio de 2018 se ha publicado, en el <em>Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea<\/em>, la Directiva (UE) 2018\/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011\/16\/UE, de 15 de febrero de 2011, por lo que se refiere al intercambio autom\u00e1tico y obligatorio de informaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la fiscalidad en relaci\u00f3n con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicaci\u00f3n de informaci\u00f3n. La misma impone a los intermediarios fiscales \u2013y, en algunos casos, al propio contribuyente- el deber de notificar a la Administraci\u00f3n determinados esquemas que presentan ciertas \u201c<em>se\u00f1as distintivas<\/em>\u201d. Estas \u00faltimas reflejan que pueden ser potencialmente considerados como de planificaci\u00f3n tributaria agresiva.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/elderecho.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Directiva-DAC-6.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver infograf\u00eda Directiva DAC 6<\/a><\/p>\n<p>Por \u00faltimo, hemos de referirnos al concepto de \u201c<em>contribuyente certificado<\/em>\u201d que formula la propuesta de Directiva presentada por la Comisi\u00f3n Europea para la reforma de la Directiva 2006\/112\/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido y que prev\u00e9 dar similar tratamiento a las operaciones intracomunitarias que a las dom\u00e9sticas. En una primera fase la Comisi\u00f3n quiere limitar el n\u00famero de transacciones a incluir en el nuevo sistema. Para ello pretende que las Administraciones certifiquen a las organizaciones cumplidoras, de manera que, cuando \u00e9stas realicen adquisiciones intracomunitarias, se mantenga el sistema actual de exenci\u00f3n en origen y gravamen en destino mediante autorrepercusi\u00f3n.<\/p>\n<p>El ordenamiento tributario espa\u00f1ol no es ajeno a estas t\u00e9cnicas de relaci\u00f3n o cumplimiento cooperativo, que cuenta con fundamento en determinados preceptos de nuestra Constituci\u00f3n. Es el caso del art. 103.1, cuando se\u00f1ala que la Administraci\u00f3n \u201c<em>sirve con objetividad los intereses generales y act\u00faa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, descentralizaci\u00f3n, desconcentraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, con someti\u00admiento pleno a la ley y al Derecho\u201d. <\/em>Tambi\u00e9n del art. 105.a), a cuyo tenor, la Ley regular\u00e1 la \u201c<em>audiencia de los ciudadanos, directamente o a trav\u00e9s de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedi\u00admiento de elaboraci\u00f3n de las disposiciones administrativas que les afecten\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Pese a este fundamento constitucional y en nuestra opini\u00f3n, la normativa espa\u00f1ola adolece, en relaci\u00f3n al cumplimiento cooperativo, de una falta de sistem\u00e1tica clara. Por ello, se hace necesaria una norma legal que sistematice los preceptos que lo regulan. Y es que no podemos olvidar que, frente a los que ocurre en los sistemas anglosajones, nosotros hemos de adoptar normas de seguimiento obligatorio, ya que son m\u00e1s acordes con nuestra tradici\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n<p>De un lado, la LGT contempla medidas en este sentido, pero desperdigadas a lo largo de su articulado, lo cual ocurre, tambi\u00e9n, con el C\u00f3digo Penal (en adelante, CP) y el Real Decreto Legislativo 1\/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, TR-LSC). De otro, la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (en adelante, AEAT) ha creado cauces espec\u00edficos de comunicaci\u00f3n en los Foros de grandes empresas y de profesionales tributarios, as\u00ed como con el C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas Tributarias (en adelante, CBPT), aprobado por el primero el 20 de julio de 2010, y el proyecto de <a href=\"https:\/\/elderecho.com\/la-normativa-espanola-adolece-una-falta-metodologia-cumplir-las-buenas-practicas-tributarias\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas Tributarias de Profesionales Tributarios<\/a> (en adelante, CBPPT).<\/p>\n<p>Entendemos que, tal y como sucedi\u00f3 con la Ley 1\/1998, de 20 de abril, de Derechos y Garant\u00edas de los Contribuyentes, que supuso un hito en la equiparaci\u00f3n de las posiciones respectivas de las dos partes de la relaci\u00f3n jur\u00eddico tributaria, es necesario, en el estadio inicial en el que nos encontramos, una Ley o, al menos, un T\u00edtulo dentro de la LGT, que recoja el r\u00e9gimen aplicable a los que accedan al modelo de cumplimiento cooperativo.<\/p>\n<p>En todo caso y como dec\u00edamos al principio, existen ya disposiciones que constituyen un buen punto de partida para construir un modelo de relaci\u00f3n cooperativa en nuestro pa\u00eds. Comenzando por la LGT, la reforma operada en la misma por la Ley 34\/2015, de 21 de septiembre ha incorporado, precisamente, el principio de cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Es cierto que el art. 92.1 se limita, \u00fanicamente, a mencionarlo, pero puede ser un buen comienzo para que la reforma legal que proponemos desarrolle sus previsiones, partiendo de las experiencias internacional y de la Uni\u00f3n Europea ya comentadas.<\/p>\n<p>La entrada al modelo exige un cambio en la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, pero tambi\u00e9n que el obligado tributario cumpla con determinados est\u00e1ndares de transparencia y gesti\u00f3n del riesgo. En este sentido, debe resaltarse que, en 2015, entraron en vigor reformas legales que colocan a Espa\u00f1a en la vanguardia del buen gobierno de las organizaciones y el mantenimiento de una pr\u00e1ctica tributaria correcta constituye, sin lugar a dudas, parte del mismo. Ello permite a la Administraci\u00f3n mantener una relaci\u00f3n m\u00e1s fluida con ellas, basada en la confianza y en la cooperaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La primera de estas reformas es la del TR-LSC. La misma ha incluido, como gran novedad, la inclusi\u00f3n del riesgo tributario como un componente m\u00e1s del sistema de gesti\u00f3n del riesgo en las sociedades cotizadas. Para ello se incrementa la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n, que no podr\u00e1n, en ning\u00fan caso, alegar su ignorancia en esta materia.<\/p>\n<p>La segunda, la reforma del CP, operada por Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo (en adelante, LO 1\/2015)<strong>. <\/strong>Entre otras novedades, ha venido a incidir en el r\u00e9gimen de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas frente a determinados delitos, entre los que se encuentran los cometidos contra la Hacienda P\u00fablica<strong>.<\/strong> Ahora bien, la entidad queda exenta de responsabilidad si cuenta con un sistema de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, vigilancia y control de riesgos penales (en terminolog\u00eda anglosajona, <strong><em>compliance<\/em><\/strong>).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n encontramos en nuestro pa\u00eds recomendaciones de seguimiento voluntario y que dimanan de C\u00f3digos y Gu\u00edas de buenas pr\u00e1cticas sujetos al principio de voluntariedad. Por un lado, dos documentos elaborados por la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores: el C\u00f3digo de buen gobierno y la Gu\u00eda para la elaboraci\u00f3n del Informe de Gesti\u00f3n. Ambos complementan la normativa mercantil en el \u00e1mbito del <strong>buen gobierno corporativo<\/strong>, las buenas pr\u00e1cticas y la elaboraci\u00f3n del Informe de Gesti\u00f3n.<\/p>\n<p>Por otro lado, tanto el CBPT como el proyecto de CBPPT perfeccionan la normativa tributaria en la rec\u00edproca relaci\u00f3n de cooperaci\u00f3n entre la AEAT y los sujetos que los suscriban. Ahora bien y en nuestra opini\u00f3n, ambos presentan un contenido excesivamente amplio, por lo que, adem\u00e1s de adherirse a ellos, se hace necesario la implantaci\u00f3n de un <strong>Manual de Buenas Pr\u00e1cticas Tributarias<\/strong> (<em>tax compliance<\/em>), y con dos tipos de medidas<em>.<\/em><\/p>\n<p>Las primeras, de car\u00e1cter m\u00e1s general y que podemos englobar bajo la denominaci\u00f3n de \u201c<em>gesti\u00f3n del riesgo tributario<\/em>\u201d. Las segundas, tendentes a evitarlo o minimizarlo en situaciones particulares, ya sea en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del Sistema tributario o con determinadas de sus figuras en especial.<\/p>\n<p>A todo ello contribuye, sin duda, la implantaci\u00f3n de procedimientos internos, donde la certificaci\u00f3n incorpora pautas de actuaci\u00f3n que, por generalistas, dotan de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>La certificaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3.1. Una visi\u00f3n general<\/strong><\/p>\n<p>La normalizaci\u00f3n o estandarizaci\u00f3n (<em>standardization<\/em>), encuentra su origen a inicios del siglo XX cuando, en el sector industrial, surge la necesidad de unificar los procesos productivos a trav\u00e9s de especificaciones t\u00e9cnicas aplicables, de forma voluntaria, por todos los agentes en una determinada \u00e1rea de mercado. Precisamente, se observ\u00f3 que aquella unificaci\u00f3n mejoraba la producci\u00f3n e impulsaba el comercio de los productos unificados.<\/p>\n<p>La Organizaci\u00f3n Internacional de Normalizaci\u00f3n [<em>International Standard Organization <\/em>(en adelante, ISO)] se ocupa de fijar los <em>\u201cest\u00e1ndares internacionales\u201d <\/em>de la normalizaci\u00f3n. De conformidad con el art. 5 del Real Decreto 1614\/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades de <strong>normalizaci\u00f3n<\/strong> y certificaci\u00f3n, la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Normalizaci\u00f3n y Certificaci\u00f3n fue reconocida como la \u00fanica entidad competente para desarrollar las tareas de normalizaci\u00f3n y certificaci\u00f3n en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>El legislador espa\u00f1ol acogi\u00f3 un sistema fundamentado en la iniciativa y la actuaci\u00f3n de entidades, de naturaleza privada, con el paulatino desplazamiento de la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica en la actividad de normalizaci\u00f3n. Este sistema respond\u00eda al nuevo enfoque comunitario basado en la progresiva sustituci\u00f3n de la tradicional homologaci\u00f3n administrativa por la certificaci\u00f3n de entidades privadas con la supervisi\u00f3n por parte de los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n<p>Desde principios de 2017, el Real Decreto 1072\/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200\/1995, de 28 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (en adelante, RD 2200\/1995), impone la obligaci\u00f3n de separar, jur\u00eddica, funcional y contablemente, las actividades de normalizaci\u00f3n de cualquier actividad de evaluaci\u00f3n de la conformidad. De este modo, UNE pasa a ser el actual organismo nacional de normalizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La normalizaci\u00f3n ha sido definida, por el art. 8 de la Ley 21\/1992, de 16 de julio, de Industria (en adelante, LI), como <em>\u201cla actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se posibilita la utilizaci\u00f3n de un lenguaje com\u00fan en un campo de actividad concreto\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>En las conclusiones relativas a la normalizaci\u00f3n, aprobadas por el Consejo de la Uni\u00f3n Europea de 16 de julio de 1984, y as\u00ed se indica en el RD 2200\/1995, se estima que esta actividad <em>\u201ccontribuye de forma importante a la libre circulaci\u00f3n de los productos industriales, as\u00ed como a la creaci\u00f3n de un medio ambiente t\u00e9cnico com\u00fan a todas las empresas, y consecuentemente mejora la competitividad industrial, tanto en el seno de la Uni\u00f3n Europea como en los mercados exteriores<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Las ventajas dimanantes de la actividad de normalizaci\u00f3n repercuten, positivamente, en las propias organizaciones; los consumidores y usuarios; as\u00ed como las Administraciones P\u00fablicas, garantes del inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>Estamos ante un proceso dirigido a la elaboraci\u00f3n de \u201c<em>normas t\u00e9cnicas<\/em>\u201d, como elementos de referencia comunes, destinados a la ordenaci\u00f3n uniforme de los diferentes comportamientos o actividades que se presentan, de manera repetitiva, en las relaciones sociales.<\/p>\n<p>El art. 8 de la LI define la norma t\u00e9cnica como la <em>\u201cla especificaci\u00f3n t\u00e9cnica de aplicaci\u00f3n repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participaci\u00f3n de todas las partes interesadas, que aprueba un Organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Por su parte, el art. 1 de la Directiva 98\/34\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de informaci\u00f3n en materia de las normas y reglamentaciones t\u00e9cnicas, entiende como tal una <em>\u201cespecificaci\u00f3n t\u00e9cnica aprobada por un organismo reconocido de actividad normativa para aplicaci\u00f3n repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria, y que est\u00e1 incluida en una de las categor\u00edas siguientes:<\/em><\/p>\n<p><em>\u2014 norma internacional: norma adoptada por una organizaci\u00f3n internacional de normalizaci\u00f3n y puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico,<\/em><\/p>\n<p><em>\u2014 norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de normalizaci\u00f3n y puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico,<\/em><\/p>\n<p><em>\u2014 norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normalizaci\u00f3n y puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Partiendo de ambas definiciones, podemos extraer las siguientes caracter\u00edsticas que configuran las normas t\u00e9cnicas:<\/p>\n<p>a) Constituyen especificaciones que definen las caracter\u00edsticas requeridas a un producto.<\/p>\n<p>b) Son documentos accesible al p\u00fablico en general.<\/p>\n<p>c) Constituyen el resultado de un procedimiento en el seno de un organismo de normalizaci\u00f3n, donde se asegura la participaci\u00f3n de los diferentes agentes econ\u00f3micos y sociales interesados en su elaboraci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>3.2. La normalizaci\u00f3n del sistema de gesti\u00f3n del compliance penal<\/strong><\/p>\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os se ha producido un cambio en el enfoque de creaci\u00f3n de est\u00e1ndares internacionales. Estos \u00faltimos pasan de estar centrados, estrictamente, en los procesos de producci\u00f3n, en definitiva, normas t\u00e9cnicas dirigidas a la consecuci\u00f3n de resultados, para comprender todas las actividades desarrolladas por cualquier organizaci\u00f3n, con independencia del sector de actividad, incluidos, por lo tanto, los sistemas de gesti\u00f3n.<\/p>\n<p>En Espa\u00f1a y dado el especial inter\u00e9s de UNE por participar en la redacci\u00f3n de una norma tras la \u00faltima reforma del CP que conocemos, se constituye el Subcomit\u00e9 T\u00e9cnico CTN 307 SC1, sobre <em>Sistemas de gesti\u00f3n del cumplimiento y sistemas de gesti\u00f3n anticorrupci\u00f3n<\/em>, public\u00e1ndose, en 2017, la UNE 19601, <em>Sistemas de gesti\u00f3n de compliance penal. Requisitos con orientaci\u00f3n para su uso.<\/em><\/p>\n<p>La LO 1\/2015 especifica, de una parte, los requisitos de cumplimiento de los modelos de prevenci\u00f3n, que incluyen medidas de vigilancia y control id\u00f3neas, para prevenir conductas delictivas y, de otra, las condiciones que deben concurrir para exonerar, a las personas jur\u00eddicas, de responsabilidad penal.<\/p>\n<p>Consciente de ello, la norma UNE 19601 considera lo dispuesto en la LO 1\/2015 con respecto a los requisitos de los modelos de prevenci\u00f3n de delitos y, adem\u00e1s, los refuerza con buenas pr\u00e1cticas reguladas en las normas UNE-ISO 19600, <em>Sistemas de gesti\u00f3n de compliance. Directrices<\/em> y en la UNE-ISO 37001, <em>Sistemas de gesti\u00f3n antisoborno<\/em>.<\/p>\n<p><strong>3.3. La normalizaci\u00f3n del sistema de gesti\u00f3n del compliance tributario<\/strong><\/p>\n<p>UNE, a trav\u00e9s del Subcomit\u00e9 T\u00e9cnico CTN 307 SC2 <em>Compliance tributario<\/em> (que preside quien escribe est\u00e1s p\u00e1ginas), ha redactando un est\u00e1ndar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los <strong>riesgos tributarios<\/strong> de forma proporcional y que incluye la estructura de alto nivel de ISO.<\/p>\n<p>La futura <strong>norma UNE 19602<\/strong> tiene una doble finalidad. De un lado, da pautas a las organizaciones (con independencia de su tama\u00f1o) para implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar sus riesgos tributarios (uno de los principales que les afectan) y, en caso de producirse, facilita la creaci\u00f3n de mecanismos de detecci\u00f3n y correcci\u00f3n, as\u00ed como c\u00e1nones de aprendizaje para evitarlos en el futuro.<\/p>\n<p>De otro, la certificaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n efectiva del <strong>Manual de Buenas Pr\u00e1cticas Tributarias<\/strong>, de acuerdo con la UNE 19602, puede ser un elemento de prueba para demostrar, ante la Administraci\u00f3n tributaria o los Tribunales, la voluntad de la organizaci\u00f3n de cumplir con sus obligaciones.<\/p>\n<p>En definitiva, persigue los siguientes objetivos:<\/p>\n<p>a) Difundir una cultura de prevenci\u00f3n y cumplimiento en la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>b) Establecer medidas de vigilancia y control id\u00f3neas para prevenir riesgos tributarios y reducir, de forma significativa, su posible comisi\u00f3n.<\/p>\n<p>c) Dar una mayor garant\u00eda de seguridad y confianza ante la Administraci\u00f3n tributaria, \u00f3rganos de gobierno, accionistas e inversores.<\/p>\n<p>En este sentido, establece un marco de referencia que, de un lado, permite disponer de sistemas de gesti\u00f3n de <strong><em>compliance<\/em> tributario<\/strong> alineados con las exigencias de nuestro ordenamiento y, de otro, perfeccionarlos con los est\u00e1ndares internacionales en materia de <em>compliance<\/em> que ayudan a precisar los contenidos y aumentar su eficacia.<\/p>\n<p>\u00danicamente nos queda esperar los comentarios al contenido de la norma, para que el Subcomit\u00e9 T\u00e9cnico finalice sus trabajos y la UNE 19602 sea una realidad. Sin duda, la relaci\u00f3n cooperativa y las buenas pr\u00e1cticas tributarias, que la misma garantiza, han venido para quedarse. Hoy en d\u00eda resulta insostenible la actual situaci\u00f3n de conflictividad, siendo aqu\u00e9llas la \u00fanica soluci\u00f3n. En definitiva, un cambio de modelo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico tributaria. Pese a ello se observa, en nuestro pa\u00eds, reticencias en las dos partes de la misma. Algunos, desde la Administraci\u00f3n, la siguen configurando como una relaci\u00f3n de poder, mientras que ciertos intermediarios fiscales consideran la conflictividad como la \u00fanica fuente de su negocio. Esperemos que cada vez sean los menos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nota: Este art\u00edculo contiene reflexiones plasmadas por el autor en <em>Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implantaci\u00f3n de un Manual de Buenas Pr\u00e1cticas (Compliance)<\/em>, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El BOE de 7 de diciembre de 2018 ha publicado la Resoluci\u00f3n de 3 de diciembre de 2018, de la Direcci\u00f3n General de Industria y de la Peque\u00f1a y Mediana Empresa, por la que se somete a informaci\u00f3n p\u00fablica y por un plazo de cuarenta d\u00edas, entre otros proyectos de normas en tramitaci\u00f3n, la \u201c19602: Sistemas de gesti\u00f3n de compliance tributario. 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